El reciente auto del Tribunal Supremo decretando la abertura de juicio oral, que es algo así como decirle: “siéntate en el banquillo que te vamos a juzgar de forma pública”, contra el funcionario Baltasar Garzón, juez en suspenso de la audiencia nacional, ha vuelto a traer otra vez a la discusión publica el papel del juez en la sociedad española.

Curiosamente el acuerdo del Tribunal Supremo coincide, casualidades de la vida, con otra resolución judicial. El auto de Juez José Castro transformando el procedimiento de abertura de juicio oral por el Juzgar por medio de  un Juzgado Popular, como en las películas americanas, el supuesto delito de cohecho cometido por Jaime Matas  por haber sido contratada y pagada de forma laboral su esposa Maite Areal por tres empresario también acusados.

Ambos hechos, separados sin duda de tener una ligazón directa, son el exponente de cómo está montado el sistema judicial español, algo que no he visto que ningún partido político haya dicho que hay que transformar o modificar. Porque el elemento a discutir de un modo público no es solamente que el ciudadano actualmente este recibiendo un servicio judicial pésimo, a pesar del esfuerzo personal de la mayoría de los funcionarios que en el mismo se ocupan, se trata de discutir porque  el sistema en si no funciona y además permite que existan Jueces que lo instrumentalicen en función de su ideología política, como ha ocurrido en el caso de Garzón y está ocurriendo, según es mi opinión, en el caso de Castro.

Yo soy de los que creen que el sistema judicial no son solo los jueces, que están en la cúspide del sistema, si no que somos todos los que estamos en torno al mismo, lo que incluye a secretarios, funcionarios, fiscales, abogados, procuradores, graduados sociales, y demás colaboradores  necesarios. Por lo tanto todos  estamos obligados a exigir y a exigirnos que la Justicia, como servicio público funcione y funcione bien, con independencia que le de la razón a unos o a los otros. Y esto último es lo que para mi se han olvidado, quizás porque les convenía de un modo personal, los jueces Garzón y Castro, cuando se proclaman defensores de dar a la tramitación procesal cierto toque de tendencia política de “ izquierdas”, como si tal cosa significara tener un plus o legitimidad moral mayor que los demás no practican.

Cuando Garzón se va por ahí dando conferencias, justifica sus actos por estar como inspirados por una interpretación de la ley más abierta a la defensa de los intereses de los ciudadanos, por ejemplo en el caso de las escuchas, para él, el  fin justifica los medios  y por lo tanto no dudo, y  lo justifica como un mal menor, el  violar los derechos de los detenidos en función de conseguir las pruebas de sus delitos.

 Algo parecido fue lo que en su día hiciera el Juez Castro, cuando habiendo ordenado el ingreso en prisión  del director financiero del grupo editorial Serra y tal detención fue revocada por el Tribunal Superior. En aquel entonces dado el resultado adverso que le impedia hacer  presión sobre el acusado, aquella detención solo se justificaba por la intención del juez de sonsacar del mismo las pruebas materiales que no tenia, y por lo tanto, cuando fue contrariado, no dudo en proceder a levantar todas las órdenes de prisión dictadas el mismo día que ordeno el ingreso en prisión del contable del grupo Serra, alegando que si se había equivocado con uno, que era lo que le dijo el Tribunal Superior, se habla equivocado con el resto,

Y es que ambos, Garzón y Castro, se comportan como si ellos fueran distintos a los demás jueces, porque ellos son de izquierdas, cometiendo, según lo entiendo yo, un grave pecado capital de soberbia.

A Garzón lo más probable es que lo condene por el caso de las escuchas y por el tema de las fosas, donde se permitió el abril causa penal contra Franco, a pesar de ser evidente de que había fallecido. Supongo que después vendrán los socialistas y le darán un indulto y la cosa quedara en empate.

 No sé si algún día alguien, como Pelaez hizo con Garzón, denuncie alguna tropelía del todavía juez en activo Don José Castro, que es conocido también en los ambientes judiciales de Mallorca con el mote o sobrenombre del “justiciero” , y que conozco personalmente y que por un curioso incidente me retiro oficialmente el saludo hace ya tiempo. Pero lo cierto es que la última de sus resoluciones en el caso de los Matas es un tanto peculiar, pues no parece muy propio, a pesar de que sea legal, que se habrá procedimiento de jurado popular contra el matrimonio por supuesto delito de cohecho “a futuro” por haber mantenido tres empresarios mallorquines en sus nominas a la Maite Areal, esposa de Jaume Matas, cobrando y sin trabajar. Por los pelos el asunto alcanza la cuantía que la ley establece para que se use un Jurado popular para enjuiciar este asunto en el cual por cierto el Juez no ha establecido que hubiera pago de favores por parte de Jaume Matas si no que había un pacto tácito de ser beneficiarios los empresarios contratantes de sus señora esposa  de algún futuro benéfico por parte del entonces presidente del Gover Balear.

Técnicamente la acusación de cohecho se  mantiene mal, pues este delito requiere probar que hubo contraprestación, esto es que los empresarios recibieron el favor del funcionario o autoridad que comete el delito. Y si el propio instructor dice que se trataba de un pacto tácito, esto es sobreentendió y  futuro, mal prueba tiene el mismo. De nada importa que Maite hubiera estado de alta en la Seguridad Social, cobrara la nomina y no pegara lo que se dice ni un sello en favor de las empresas, lo que realmente es delito es que su marido hubiera dado a cambio de eso algo que la ley le prohíbe, y tal prueba mucho me temo, a la vista de lo que dice el Juez en su Auto no existe.

De haber juicio con jurado popular de Jaume Matas, habrá un espectáculo mediático que perjudica al Partido Popular, partido de centro derechas, curiosamente también perjudicado mediáticamente en el caso que enjuiciaba el Sr. Garzón, juez paladín de la izquierda. Por eso me pregunto si hay  casualidad o hay intención política detrás de esta decisión del Juez Castro.

No se la repuesta, pero si se que no debería de darse la ocasión de que me formulara la pregunta, porque los jueces deberían de estar fuera de toda duda y eso solo se consigue si sus actos están fuera de toda sospecha de intencionalidad política. Pero cuando veo que con ciertos ciudadanos se exagera en el rigor en la aplicación de las normas, como ha hecho Garzón y Castro, tales celos me recuerdan a uno de los maestro en el procedimiento penal, a Tomas de Torquemada, el gran inquisidor que creo y doto al proceso penal de normas y formulas, con un único fin, fin político sin duda, cual era complacer a su reina Isabel de Castilla, en su obsesión por perseguir a todo aquel que no fuera  católico. La aportación legislativa  de Torquemada consistió en convertir lo que era un proyecto político para la religión en un proyecto religioso para la política. Todo ese procedimiento legal fue pensado para preservar la pureza de la fe , como quería la Reina, pero también para  asegurar la posición social de los cristianos que en torno a ella asistieron impasibles a 3.000 ejecuciones mediante la hoguera y un número varias veces superior de encarcelamientos, confiscaciones, torturas y degradaciones públicas.

La instrumentación pública de la organización judicial ha sido como se ve lo que las clases políticas, de cualquier color han siempre  ambicionado. Y por ello ni se han plateado cambiar  normas obsoletas o reformar las instituciones políticamente más utilizables como la fiscalía o el Consejo del Poder Judicial. Tomado el poder político a continuación se usa las instituciones del estado, que por su propia naturaleza deberían de ser “neutras”, para obtener algún tipo de rédito político. Durante años hemos asistido a la perdida de la necesaria independencia judicial de un modo soterrado, con las disculpa de impartir una justicia más en beneficio de ciertos sectores políticos, más cercanos al pueblo y que se abanderan como de izquierdas como si tal bandera fuera equivalente a ser mejores que los demás.  La sociedad civil no necesita jueces de izquierdas, ni de derechas, necesita jueces que actúen como contrafuerte de las libertades públicas que son esas que necesitamos que se nos respecten para que podamos hacer la necesaria reflexión pública sobre cómo ha de ser nuestra vida política y social.  

De cuando yo era estudiante recuerdo una pintada que se hizo famosa por algunas calles de Madrid, que decía: “libertadores NO, gracias”. Ahora habría que volver a escribir otra que dijera. “justicieros, NO gracias”.